LOS CAMBIOS EN ALGUNAS NORMAS DEL TRANSPORTE DE CARGA EN SUDAMÉRICA
Los cambios en la región en los últimos años en lo que dice relación al transporte de carga terrestre en Sudamérica ha sido potente. El desarrollo logístico y el uso de diversas tecnología han mejorado tiempos; rendimientos, entre otros diversos aspectos positivos. De la mano una serie de modificaciones se han dado desde el punto de vista legal.
Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Transporte Automotor de Cargas en América Latina, dio cuenta de los cambios en la región en los últimos años. En Chile, en los aspectos económicos (entrada, salida, precios), el mercado está desregulado, y no ha experimentado cambios recientes, indica el trabajo del año 2020.
En cuanto a la regulación técnica, se especifica que sí se han aplicado reglamentaciones nuevas, vinculadas fundamentalmente con la seguridad (requisitos de los vehículos) y las emisiones (normas de emisiones máximas).
Dos reglamentaciones se destacan, una sobre requisitos técnicos que deben cumplir los dispositivos y sistemas de seguridad de camiones y tractocamiones nuevos y un decreto supremo que establece que los camiones y tractocamiones que se inscriban por primera vez a partir de fechas específicas (de 2020 a 2022) deberán estar dotados de sistemas o dispositivos de seguridad certificados que acrediten el cumplimiento de normas internacionales de seguridad.
Argentina
En la Argentina el transporte automotor de carga opera en un mercado desregulado: no hay reserva de mercado, hay libertad de entrada y salida de la actividad, y libre fijación de fletes entre el dador de carga y el transportista. Si bien existen tarifas de referencia para el transporte de granos, aun así los fletes cobrados pueden ser hasta un 30/35% menores a las tarifas de referencia, o pueden superarla cuando hay sobreoferta de carga y escasez de camiones disponibles.
Se indica que no hay posiciones dominantes por el lado de la oferta, salvo excepciones. En general es el dador de carga el que pone las condiciones operativas. Los contratos de largo plazo existen en los estratos de mayor escala de complejidad y facturación (grandes dadores de carga que contratan a grandes empresas transportistas) y es muy usual en los operadores logísticos.
Entre las medidas recientes más destacadas se encuentra la limitación de velocidad para vehículos de más de 3. 500 kg. Desde el 2017 los camiones deben tener un dispositivo limitador que no permita circular a más de 90 km/hora, para mejorar la seguridad vial, disminuir el consumo de combustible, las emisiones y los costos de mantenimiento.
Brasil
En Brasil se aprobó en 2018 la “Política Nacional de Pisos Mínimos del Transporte Rodoviario de Cargas 14 ”, por la cual se fijan tarifas mínimas que deben ajustarse periódicamente, y especialmente cuando el costo del combustible varíe más del 10%.
Otras norma destaca en el informe es el “Programa Despoluir”, desarrollado en 2007 por la Confederación Nacional de Transportes (CNT) que busca promover la mejora de la calidad de vida de los transportistas, comprometiéndolos en acciones de responsabilidad socio ambiental
Uruguay
En Uruguay, de acuerdo con la ley 349 del año 2001 de “Normas relativas a las Empresas de Transporte Terrestre Profesional de Carga”, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas publicará periódicamente precios de referencia de los distintos tipos de transporte de carga, en acuerdo con la Mesa Intergremial de Transporte Profesional de Carga.
Colombia
En Colombia se creó a inicios de 2018 el SITRA (Sistema Integral de Tránsito y Transporte), orientado a la seguridad ante accidentes, atentados o agresiones a los transportistas, integrando las capacidades tecnológicas de las empresas con los sistemas de control y monitoreo de la Policía Nacional, permitiendo de manera inmediata que un conductor o los centros de monitoreo de las empresas reporten un evento de emergencia en las vías nacionales para que sea atendida en el centro de comando y control de la Dirección de Tránsito de la Poli cía. Este país es un caso especial en la región, ya que el TAC es considerado un servicio público regulado por el Estado.
Perú
En Perú, a efectos de mejorar la seguridad vial, se estableció la obligación de informar velocidad máxima a partir de 2017: las unidades vehiculares de transporte de carga y mercancías a nivel nacional deben enviar una señal GPS al Centro de Gestión y Monitoreo de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN). Se da así cumplimiento al Reglamento Nacional de Administración de Transporte – RENAT a fin de evitar que los camiones de carga excedan la velocidad en de 80 km/h en las rutas (70 para cargas peligrosas) .
En Perú, la negativa de los transportistas a implementar los controles de velocidad a través de GPS (por su costo y las limitaciones operativas que significan), fue una de las causas de algunas huelgas en el sector.